ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA EN SALUD ¿POR QUÉ NO?

Existen países con niveles de gasto similares que tienen mejores resultados que Guatemala. La principal diferencia reside en políticas públicas que garantizan una mayor participación pública en el financiamiento a través del aseguramiento público y social, una red amplia de servicios públicos de salud y una regulación firme del mercado de servicios y seguros privados de salud[1].

Con media cama de hospital y menos de un médico para cada mil habitantes en el sistema de salud guatemalteco, es necesario pensar en algo, y hacerlo pronto. Es evidente que el Estado no puede, ni podrá al paso actual, atender la demanda real de la población. La debilidad institucional y la falta de rectoría no permiten cumplir con el mandato constitucional de “velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes” (Art.94). Sin desviar la atención de la responsabilidad del Estado en este aspecto, es necesario buscar nuevos caminos. He aquí una propuesta, que aunque breve, espero llame su atención, estimado lector, así como ha  llamado la mía.

 

PNUD (Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo) señala que Guatemala es el país con mayor gasto privado en salud de todo el continente en proporción con el gasto público. Lamentablemente, este gasto proviene, en la mayoría de los casos, directamente de los bolsillos de los ciudadanos, empobreciendo así la débil economía familiar debido a los exorbitantes costos. Aunque la gratuidad y universalidad de la atención pública en salud sería lo ideal, ofrecerlas es un reto incluso para países de primer orden. Debido a esto, nacen alternativas como las alianzas público-privadas (APP´s).

Este tipo de alianzas permiten participar al capital privado en los servicios de salud financiados por el sector público y otorgan al Estado mayor capacidad para regular el mercado. Existen resultados exitosos en otras partes del mundo, por ejemplo en comunidades autónomas españolas, Brasil y Norteamérica. Se han logrado hacer más eficientes los servicios, aumentar la cantidad de infraestructura y acercarse a la universalización de la atención a través de sistemas de seguros.

Antes de pensar en ejecutar este tipo de gestión, es necesario modificar algunos aspectos del marco jurídico. Sería preciso que el Artículo 4 del Código de Salud (decreto 90-97) volviera a su estado previo a las reformas del 2003. Es decir, que en lugar de mandar la gratuidad de los servicios (considerando que legislar sin capacidad financiera de ejecución es irresponsabilidad por parte del Legislativo) se garantice ésta sólo para quienes realmente no puedan costearlos. Existen muchísimas familias (sobre todo de clase media y media-baja) que se encuentran atrapadas entre la espada y la pared: la espada es el pésimo servicio público, la pared los exorbitantes precios privados. Bajar los precios para que sean accesibles a la mayor cantidad posible de habitantes permitiría optar por una atención más digna y efectiva. También se tendría que ampliar la visión de la Ley de Alianza Para el Desarrollo de Infraestructura Económica (decreto 16-2010), que en su Artículo 2 señala que el capital privado no puede invertir en salud, educación y agua.

Bueno, esta es la propuesta. Quisiera tener más espacio para desarrollarla, pero vaya, esto es sólo un artículo. Espero que usted no me tache de neoliberal. Desearía que el gobierno pudiera garantizar el bienestar de todas las personas, pero mientras lo intenta, muchos sufren y mueren. Pensar que decretando leyes que suenan perfectas mejorará la realidad per se, como lo es la gratuidad de los servicios de salud, es como si se decretara la prohibición de los suicidios, a pena de una severa multa para el suicida; espero me comprenda.

Allan A. Rousselin M.

200910675

Grupo 01
Artículo argumentativo de opinión

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[1] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2008) Diálogo para la Inversión Social en Guatemala, ¿Quién Financia el Sistema de Salud en Guatemala? Guatemala: USAID.